El Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión de la Ley 6/2010 de Castilla y León que declara como proyecto de interés regional del complejo de ocio y aventura `Meseta Ski´ en Villavieja del Cerro (Valladolid), ya que considera que las obras son ``incompatibles´´ con la recuperación de la cubierta vegetal y que no detectan una lesión a intereses públicos o privados.

En un auto emitido por el TC este martes, se explica que el acuerdo se ha tomado después de conocer las alegaciones planteadas al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España por parte de la abogada del Estado y de la representación procesal de la Junta de Castilla y León.
 
El auto, recogido por Europa Press, confirma la prevalencia del ``bien jurídico ambiental``, expresado en este caso en la regeneración forestal y justifica su decisión en que, por un lado es ``clara`` la incompatibilidad de la actividad proyectada con la recuperación de la cubierta vegetal del cerro de San Juan, sobre el cual se ha construido las dos pistas de esquí sintéticas y que sufrió un incendio en 1999 —la Ley de Montes establece un lapso de 30 años mínimos para cambiar de calificación un terreno de uso forestal que haya padecido un incendio—.
 
Asimismo, han apreciado que no aparece ``una lesión de intereses públicos o privados de carácter patrimonial que puedan ser considerados como determinantes para acordar el mantenimiento de la inicial suspensión de la Ley impugnada``, tal y como planteaba la Junta de Castilla y León, que defendió que el proyecto Meseta Ski, promovido por la Diputación de Valladolid, tiene un papel importante en el efecto de dinamizar la economía de la zona.
 
Para el pleno del TC, en el caso existen ``notas de certeza`` de los daños y la imposibilidad de corregir los perjuicios susceptibles de ser considerados determinantes para acordar el mantenimiento de la suspensión de la Ley aprobada por el Pleno de la Junta de Castilla y León con el acuerdo de PP y PSOE, ya que la actividad prevista para la zona es ``incompatible con el interés ecológico``.
 
El Recurso de Inconstitucionalidad se admitió a trámite el pasado mes de abril después de que el 11 de marzo el Consejo de Ministros acordara solicitar al presidente del Gobierno la interposición del mismo contra la norma autonómica relativa al proyecto Meseta-Ski por considerar que ``vulnera la legislación básica del Estado sobre la protección de medio ambiente``, según lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española.
 
El 31 de mayo se abrió el plazo de alegaciones para las partes y, en el caso de la Abogacía del Estado, como explica la resolución del TC, se solicitó el mantenimiento de la suspensión alegando que la legislación estatal resulta ser ``más protectora del interés ecológico`` que la Ley 6/2010. Sin embargo, el Pleno del Alto tribunal desechó esta alegación debido a que consideró que se trata de una cuestión ``directamente relacionada con el aspecto competencial de la disputa trabada``.
 
En cambio, el argumento que más ha pesado por parte de la representación el Estado ha sido la defensa de la importancia del mantenimiento de la masa forestal del país, y el hecho de que el proyecto regional ``produciría un daño irreparable`` en los terrenos forestales que, en su momento, resultaron afectados por incendio al impedir la regeneración el monte y la restauración del hábitat.
 
Desarrollo económico de la zona

Por su parte, la representación procesal de la Junta alegó, en favor del levantamiento de la suspensión de la Ley, que el texto aprobado por las Cortes regionales ``no ha de generar perjuicio alguno ni a los intereses generales ni a los de ningún particular mientras que, por el contrario, contribuye al desarrollo económico de la zona en la que se ubica la instalación``.
 
El proyecto Meseta Ski supone la construcción de una pista de esquí seco en una de las laderas del Cerro de San Juan, en Villavieja, pedanía de Tordesillas, en una zona donde se registró un incendio en 1999. El Ayuntamiento acordó en Junta de Gobierno Local la autorización de uso excepcional del terreno en octubre de 2006 y las obras comenzaron con normalidad.
 
Sin embargo, una primera resolución judicial contraria paralizó los trabajos en septiembre de 2007 y, posteriormente, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la capital anuló el acuerdo del Consistorio tordesillano en febrero de 2008, decisión confirmada en apelación por el TSJCyL en mayo de 2009.
 
Sin embargo, tras la aprobación de la declaración de proyecto de Interés Regional en mayo de 2010, las máquinas regresaron al terreno y prácticamente concluyeron las obras, que, según datos de la Diputación de Valladolid, están ejecutadas al 93 por ciento.